Valencià
Las fuertes tormentas que han castigado al País Valencià el segundo fin de semana de este mes, nos han dejado una evidencia de: “lo que se dice y luego no se hace”.
A cuatro días de haber sufrido las dramáticas consecuencias del paso del temporal, no ha sido lo mismo para los municipios con gran densidad de población como para los del interior, los llamados la España Vaciada. Porque no solo se trata de acondicionar los terrenos o la limpieza de sus calles y barrancos, sino de restablecer un servicio tan básico como es la conexión por teléfono.
Un servicio que siendo ofrecido por empresas privadas, debería ser la Administración la que obligara a restablecerlo lo más rápido posible. Es un servicio esencial, pues de ello depende la conexión de los ciudadanos con los servicios públicos, sanidad, policía, cuerpos de emergencia, etc . y también conectarse con los servicios básicos para las empresas de dichos pueblos. Y como empresas nos referimos a tiendas, bares, restaurantes, etc.
Las empresas privadas que dan cobertura pública, deberían estar al servicio de la Administración en momentos especiales y como especiales son todos aquellos en que los ciudadanos a los que sirve, se ven privados de ellos. No debe, bajo ningún concepto, prevalecer los intereses de esas empresas a las necesidades de los ciudadanos.
Pero ya se sabe que la España Vaciada no genera negocio y las empresas que acceden a esos pueblos, a la mínima los dejan de lado porque no les compensa. Pensemos no solo en telefonía sino en el servicio que les ofrecen las entidades bancarias.
En una ciudad es más fácil el negocio, como hay clientes se les cuida, pero en los pueblos todo son pérdidas.
Esa es la cruda realidad al pasar de empresas de titularidad pública a la privada.
Señores de la Administración, o mejor, señores políticos, dejen de hablar menos de la España Vaciada y pónganse manos a la obra para generar vida en esos pueblos, y una de ellas es la de obligar a todas las empresas que les dan cobertura básica, a actuar con diligencia para no tener clasificados a los ciudadanos en categorías de primera y de segunda.
Todos tenemos y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y la Administración con sus políticos a la cabeza deben velar y conseguir que eso se cumpla.
¿Hace falta recordar que estamos en democracia?. Pues pongamos los medios para que lo creamos.
