Valencià
Las sucesivas Danas, la superpoblación temporal, el desarrollismo urbanístico… ¿son realmente las únicas causas de la crisis medioambiental de nuestras costas? Sin duda, pero la falta de control de un desarrollismo salvaje e incluso la participación oficial en él, nos están pidiendo soluciones de urgencia que parece nunca llegan.
La Ley de Costas vigente, modificación efectuada por el gobierno de turno en 2013, de una Ley obsoleta de 1988, establece las competencias territoriales y marítimas tanto del Gobierno Central, de la Comunidad competente y los Municipios afectados; la distancia entre la baja mar y la costa establece quien y de que manera gestionar en desarrollo, siempre necesario, de municipios costeros. La Comunidad Valenciana, en 2018, se ve obligada ante la salvaje invasión urbanística, a publicar el Plan de Acción Territorial de la Estructura Verde litoral (PATIVEL). Bien ya tenemos legislación y Norma que alertan de la situación, otra cosa es su cumplimiento.
Es definitivamente la propia naturaleza la que pone la realidad en su sitio. En 2021 la temida DANA hace su aparición nuevamente, sí nuevamente porque sobre todo en el extremo sur de la Comunidad, es algo que se repite constantemente con mayor o menor intensidad. En este caso, 2021 la destrucción ha sido mayor de lo habitual, paseos marítimos, urbanizaciones, infraestructuras han quedado en situación de riesgo, el nivel de las playas supera la distancia que establecía 100 metros protectores desde la baja mar a la zona legislada y ordenada municipalmente, ¿solo por causa de lluvias torrenciales o hay algo más?
La ampliación de puertos como el de Castellón, viene dada por el sistema de transporte comercial actual, es indispensable crear zonas de desembarco de contenedores, así como ampliar las ya existentes para absorber los grandes cruceros, todo ello medidas económicas que poco o nada han tenido en cuenta consecuencias posteriores. A ello unir los espigones que han ido apareciendo en todas nuestras costas y que como único fin tienen la variación de las playas existentes con miras a un aumento de su utilización con fines turísticos.
Ya “antiguo” ha quedado el informe de Greenpeace, de 2013 según el cual la C.Valenciana registraba el incremento mas elevado de incumplimiento de las normas de protección ambiental, liderando la destrucción de costas.
Y si el cambio climático está permanentemente indicándonos que aquellas predicciones que resultaban negacionistas sin más, han pasado y están pasando a ser una realidad en nuestra propia geografía costera, eje del desarrollo económico de una Comunidad basada en la industria turística, con un mínimo desarrollo de otro tipo de industria y en detrimento de nuestra agricultura, el desarrollismo urbanístico necesario para absorber una población flotante en permanente crecimiento, (recordemos por ejemplo que para Alemania e Inglaterra nuestra Comunidad es la gran residencia de jubilados), conlleva consigo un nuevo sistema económico basado en comercio y hostelería dependiente exclusivamente del número, (no la calidad) de visitantes, como bien ha quedado patente en tiempos de pandemia, llegando a producirse crisis económicas irrecuperables.
Vista la situación y la falta de soluciones reales del problema se hace indispensable la aplicación del principio de subsidiariedad como único camino efectivo, que libere a los municipios afectados de las trabas legales que, en lugar de dar soluciones, enredan hasta el infinito las mismas sin llegar a nada realmente efectivo.
Volvamos la mirada a la normativa superior por la que nos regimos, que no es otra que la de la Unión Europea, así veremos como dada la extensión de la aplicación de la misma y las múltiples, varias e individuales zonas de aplicación, en el Tratado de Lisboa (art.5, apartado 3 TUE) se determinó como indispensable el principio de subsidiariedad, como mejor vía para la ejecución de lo legislado, determinando que la proximidad de cuanto se regule estará mejor aplicada con la adaptación por los distintos Parlamentos en las dimensiones locales y regionales de competencia, es decir la delegación de mayor a menor como vía realmente efectiva al poder distinguir directamente la problemática y sus posibles soluciones.
Y si a nivel supraestatal asumimos dicho principio como solución, ¿a que se debe que no lo sea a niveles inferiores, en su base inferior como es la municipal? ¿Acaso dar a los municipios el puesto que realmente ocupan en nuestra sociedad política, económica y medioambiental asusta, o es simplemente el permanente y persistente centralismo, enfermedad endémica en nuestra política que muy pocos partidos presentes en el legislativo denuncian, por temor posiblemente a perder alguna de esas parcelas de poder que les inhabilita para ejercer con lealtad el puesto para el que fueron elegidos?
Los Municipios costeros, por muy alto que sea su nivel económico, no pueden afrontar el mantenimiento estructural y reparación de una continua accidentalidad, pero sí conocen las necesidades prioritarias para su solución, el mar no “roba” espacios ni por Danas ni por cambios climáticos, simplemente recupera, pero si el mal ya está hecho y ni paseos ni urbanizaciones van a ser eliminados, la vía de solución deberá buscarse subsidiariamente por los propios municipios afectados pero con el respaldo económico superior.
